Orden de 24 de noviembre de 1993 por la que se dispone la publicación del Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en los Establecimientos penitenciarios.

Artículo 2. La asistencia religiosa católica comprenderá las siguientes actividades: Celebración de la Santa Misa los domingos y festividades religiosas y potestativamente cualquier otro día. Visita a los internos así como recepción en su despacho, por parte del Sacerdote encargado de la asistencia religiosa, atención a los que deseen hacer alguna consulta o plantear sus dudas o problemas religiosos. Instrucción y formación religiosa y asesoramiento en cuestiones religiosas y morales. Celebración de los actos de culto y administración de los sacramentos. Aquellas otras actividades directamente relacionadas con el desarrollo religioso del interno. Colaboración en la humanización de la vida penitenciaria.

Artículo 3. La atención religiosa católica de los internos de los establecimientos penitenciarios se prestará por Sacerdotes, nombrados por el Ordinario del lugar y autorizados formalmente por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que cesarán en sus actividades por voluntad propia, por decisión de la autoridad eclesiástica correspondiente, o por iniciativa o a propuesta de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. En estos dos últimos casos, antes de proceder al cese, se cursarán las comunicaciones correspondientes entre el Director general de Instituciones Penitenciarias y el Ordinario del lugar.

Artículo 4. Los Sacerdotes encargados de la atención religiosa católica en Centros penitenciarios tienen derecho y están obligados al cumplimiento de las actividades que se expresan en el artículo 2.° del presente Acuerdo, que realizarán en colaboración con los Servicios penitenciarios de los establecimientos correspondientes, de manera especial con las áreas de tratamiento, asistencia social y educativa, sujetándose al ordenamiento penitenciario español en lo referente al horario y a la disciplina del Centro, así como a los principios de libertad religiosa establecidos en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio. La Dirección del Centro facilitará los medios y colaboración necesarios para el desempeño de su misión.

Artículo 5.

1. Corresponderá a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la cobertura económica de las prestaciones de asistencia religiosa católica, tanto en lo relativo a gastos materiales, como de personal, en la cuantía que se determina en los anexos del presente Acuerdo, a cuyo efecto la Administración penitenciaria abonará a las diócesis en las que estén ubicados los Centros penitenciarios en los que se preste esa asistencia las cantidades correspondientes.
2. El personal expresado en el párrafo anterior deberá estar afiliado a la Seguridad Social, en las condiciones establecidas en el Real Decreto 2398/1977, de 27 de julio. Las au1pridades eclesiásticas correspondientes asumirán la obligación del pago de la cuota patronal.

Artículo 7. Los Establecimientos penitenciarios dispondrán de una capilla para la oración y, si ello no fuera posible, deberán contar con un local apto para la celebración de los actos de culto, cuyas dimensiones estarán en función de la estructura y de las necesidades religiosas del Centro, y con un despacho destinado al resto de las actividades propias de la asistencia religiosa, cuyo mantenimiento y reparaciones, así como la adquisición de los elementos materiales de culto, correrán a cargo de la Administración penitenciaria.

Disposición adicional segunda. Los Sacerdotes no pertenecientes al Cuerpo de Capellanes de Instituciones Penitenciarias que atienden actualmente la asistencia religiosa católica en determinados Centros penitenciarios, en régimen de colaboración, cesarán en sus funciones, pudiendo ser nombrados por los Ordinarios correspondientes, en la forma prevista en el artículo 3.°, dentro del número total de Ministros de Culto que se determina en el anexo I del presente Acuerdo. En todo caso se les respetarán, si los hubiere, sus derechos adquiridos. Madrid, 20 de mayo de 1993. EI Ministro de Justicia, EI Presidente de la Conferencia Episcopal, Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo Elías Yanes Álvarez

ANEXO I

ANEXO II